Nota de opinión

Patrimonios en vitrina/ Deseos neoliberales

Nota escrita por Oscar Espinoza Martín desde Lima, Perú.

Por Oscar Espinoza Martín

Desapercibida en medio del huaico de informes de derechos humanos que vienen arrasando con la dictadura de D. Boluarte, una modificatoria a la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación ha sido recientemente aprobada con insólita mayoría por el Congreso de la República. La modificatoria intenta solucionar los males que aquejan la administración estatal de las herencias culturales del país, como las construcciones no autorizadas en edificios históricos o el escaso presupuesto público para la gestión de espacios arqueológicos. La fórmula que dará fin a estos males tiene altas dosis de mercantilismo y porcentaje cero de interculturalidad. La nueva versión del producto llamado patrimonio cultural ha cambiado de empaque y las ganancias de su consumo estarán destinadas para un público selecto, aquel que puede invertir en hoteles de lujo y restaurantes de cocina novoandina a costa de herencias culturales que no le pertenecen.    

Lo que más llama la atención sobre la propuesta legislativa es el (eterno) retorno de un refrito patrimonial: los convenios administración con participación del sector privado. Se trata de la suscripción de convenios entre el Ministerio de Cultura y empresas privadas para la gestión de inmuebles prehispánicos por el lapso de 10 años con derecho a renovación. Estos instrumentos legales deberán contar, además, con la opinión favorable de los gobiernos locales (municipalidades) donde se encuentren los espacios arqueológicos a intervenir. Sin embargo, quedan exceptuados de esta medida aquellos inmuebles inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial (Machu Picchu, Caral, Chavín, Chan Chan), probablemente porque si son afectados por la actividad turístico-privada el Estado tendría que afrontar un cargamontón internacional encabezado por la UNESCO.

El deseo de mercantilizar o comercializar las herencias culturales como artefactos de usufructo y plusvalía no es nuevo. En el año 2015 se aprobó un decreto legislativo que permitía la firma de convenios de gestión cultural con el sector privado con el mismo objetivo. Es más, su aprobación por el Ejecutivo ocasionó un paro indefinido en el Cusco pues la suscripción de estos convenios era el primer paso para la concesión y privatización de los patrimonios arqueológicos. Tal fue el nivel de movilización social que el decreto tuvo que ser derogado a pesar las white tears de la entonces ministra de Cultura Diana Álvarez Calderón. Además del objeto de regulación, ambos dispositivos legales se sustentan en la misma argumentación. El exitosísimo modelo de gestión de la Huaca Pucllana es utilizado en ambos casos para ejemplificar cómo empresa privada (restaurante Huaca Pucllana) y gobierno local (Municipalidad de Miraflores) caminan de la mano por el sendero democrático de la conservación del patrimonio. No obstante, la intervención del sector privado tiende a mercantilizar y elitizar el disfrute de los productos patrimoniales. En nuestro país, experimentar los patrimonios está atravesado por cuestiones de clase y raciales pues pasar una noche en un hotel del Valle Sagrado o comer en un restaurante con vistas a la huaca es un obstáculo para un amplio sector de la ciudadanía. Es más, bajo eslogan de “cuidemos el patrimonio” desalojan personas en situación de pobreza para construir hoteles y restaurantes de lujo cerca de espacios arqueológicos.

El proyecto legislativo no toma en cuenta ni un enfoque intercultural ni de participación ciudadana como tanto se vende. Hay una severa desconexión entre cómo se ha vendido la propuesta (patrimonio como bien público mundial; patrimonio vivo, inclusivo, colaborativo, ecoeficiente, resiliente) y el contenido de la norma. No hay ninguna mención sobre qué es lo colaborativo en la gestión de los patrimonios o cómo hacer resilientes espacios arqueológicos que vienen afrontando las consecuencias del cambio climático. Al final, un gran sector de la población es invitado a la fiesta del patrimonio y la diversidad cultural solamente para que sirvan las copas de champagne en el hotel cinco estrellas y no sean, ni por asomo, los reales beneficiarios económicos del uso de territorios que les pertenecen. Además, este proyecto no ha pasado por un proceso de consulta previa libre e informada con las organizaciones de pueblos indígenas del país. Al afectar directamente la administración y usufructo de espacios arqueológicos que pueden estar ubicados en comunidades indígenas, es apremiante la implementación de un proceso de consulta. Una aprobación por el Ejecutivo inconsulta vulneraría derechos indígenas como la libre autodeterminación, elegir prioridades de desarrollo, identidad cultural, entre otros.

Lamentablemente, la propuesta se ha hecho de la mano con el Ministerio de Cultura, quien a través de un tuit menciona sobre la modificatoria: “… su aplicación permitirá la mejora en la gestión del patrimonio, promoviendo una convivencia en armonía con nuestra herencia y, una política de Cultura Viva que fortalece el orgullo, la identidad y la unión nacional.” Claro, se aprueba una medida que vulnera el acceso democrático a los espacios arqueológicos y que pasa por alto (hasta el momento) la consulta previa como forma de unión nacional. El tuit aglutina, no obstante, el espíritu desesperado del Estado por usar el patrimonio como pegamento social frente a un contexto de autoritarismo y conflictividad social. Unión, identidad y nación, palabras fundacionales de la república blanco-criolla peruana, aún son utilizadas para hacernos creer que habitamos amistosamente la matrix nacional. Sin embargo, sin justicia no hay diálogo ni menos unión, el pegamento patrimonial no está funcionando y pronto dejará de unir los miles de pedazos identitarios que quieren refundar el país.

Dictamen aprobado de la modificatoria: https://bit.ly/3HYFMm9

Texto sustitutorio: bit.ly

FUENTE Original de Publicación La Mula.Pe 

Post: Patrimonios en vitrina/ Deseos neoliberales (lamula.pe)